Duras jornadas de trabajo y discriminación por género continúan en los trabajos temporales que miles de hombres y mujeres realizan a diario en el campo.
Precariedad e inseguridad son palabras que resuenan en boca de trabajadoras y expertos, costo social de los frutos que van a las mesas extranjeras.
“¡Queda uva! ¡Hay que llenar el camión! ¡Si no, ninguna sale de aquí!”. “¿Cuáles beneficios? ¿Almorzar en una mesa?”.”En el campo nadie sabe lo que es el post natal”. Estas y otras frases resonaron en la conmemoración que la
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (
Anamuri) realizó el pasado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.
Los 320 mil predios agrícolas del país reúnen a cerca de 700 mil trabajadores/as. Sólo en las frutas, llegan a 400 mil -de acuerdo a los empresarios del sector- repartidos desde Arica a Los Ríos, y concentrados entre la Región Metropolitana y la del Maule.
Lejos de celebraciones, la realidad de miles de mujeres y hombres en el campo chileno no tiene el dulce sabor de la fruta que se exporta. Los niveles de contratación no alcanzan al 50%. En las mujeres, sólo el 10% accede a un empleo permanente. La agricultura está en la tercera área con más accidentes fatales, por sobre la minería, con 44 muertos entre 2009 y 2010.
“Es horrorosa la contradicción entre el éxito de algunos empresarios, de
Chile en el exterior, y los costos que esto significa para los trabajadores”, afirma
Alicia Muñoz, presidenta de
Anamuri. Y lo dice, teniendo en cuenta que por exportaciones agrícolas ingresan 1.400 millones de dólares, y que la media de ingresos de un trabajador de temporada (o temporero) es de 140 mil pesos, menos que el sueldo mínimo, y la más baja de todas las áreas de producción del país, según
José Figueroa, de la Secretaría Campesina y de Pueblos Originarios de la
Central Unitaria de Trabajadores (
CUT).
PRECARIEDAD Y SALARIOS
Según Muñoz, temporeras de la V Región le comentaron en un encuentro que ganaban más de 20 mil pesos diarios. “¡¿Pero a qué costo?!, se pregunta. “En jornadas de 14, 15 horas, llenando de cajas un camión hasta las tantas de la noche”, se responde.
De acuerdo a la Presidenta de Anamuri se pagan desde 30 a 200 pesos por caja embalada. Asimismo, estiman que para acceder a jubilación, una temporera debería trabajar 120 años. “Ahora se les incluye en la pensión universal para dueñas de casa, pero no como trabajadoras, sino como indigentes, indigno para una trabajadora”.
Pamela Caro es investigadora del
Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (
Cedem). Comenta que, de acuerdo a la última encuesta de caracterización socioeconómica (Casen) del 2009, es posible inferir el grado de precariedad del trabajador temporal de acuerdo a criterios como la estabilidad, el salario, la forma de pago y el tipo de contrato. Esta precariedad afecta a hombres y mujeres por igual, pero es aún mayor en el caso de las mujeres.
“En la agricultura de exportación, en promedio, el salario mínimo para el temporero no opera, de acuerdo a un estudio de la FAO del año pasado”, afirma.
Un temporero recibe pago por unidad de medida. Es decir, por saco, caja, hilera, fila, etcétera. Se han identificado 12 unidades de medida. Esto trae varios problemas: La confusión del trabajador, ya que no sabe cuánto vale cada una de las diferentes labores que realiza; un congelamiento del salario, puesto que los empresarios han aumentado el tamaño de la unidad de medida, manteniendo el pago, lo que implica que para que una trabajadora logre el mínimo salario que obtenía antes, tiene que intensificar su ritmo de trabajo, explica Caro.
Respecto a los contratos, la ley laboral establece para el empleo temporal un contrato a plazo fijo y uno por faena. Algunas organizaciones han planteado volver al contrato por temporada, ya que como el empleador conoce el ciclo productivo, sabe cuántos trabajadores necesitará contratar y por cuánto tiempo. “Por eso, podría hacer un contrato por temporada, asumiendo los costos de feriados, lluvia, y otras externalidades que no son responsabilidad del trabajador pero que éste paga”, explica la investigadora.
El contrato por obra o faena, puede ser finalizado cuando el empleador estime. “Hay contratos que duran siete días y luego vuelven a ser contratados, lo que es inestable y poco digno. En el caso del contrato por plazo fijo, la ley establece que al tercero debe pasar a ser indefinido, por lo que el empleador lo elude y así se evita pagar previsión y salud, seguros y vacaciones.
“La mujer que levanta la voz, se transforma en una persona conflictiva, pasa a una lista negra”, asegura la presidenta de Anamuri. “Por eso hay poca sindicalización (10%) y organización”, expresa, resaltando la atomización de los sindicatos, lo que debilita su fuerza.
Por otro lado, dentro de las exigencias hechas a los empleadores está el tener comedores y servicios higiénicos limpios y transporte seguro, pero “no hay capacidad de fiscalizar, menos ahora, cuando se reduce la labor de los inspectores”, indica el secretario de la CUT.
Respecto al post natal, Alicia Muñoz expresa que “a este sector no le toca. Si una mujer está embaraza, la ponen a barrer y se siente tan violentada, que deja el trabajo”. Además, una minoría de trabajadoras llega a trabajar seis meses, concuerda Figueroa.
Sin embargo, para Antonio Walter, presidente de la Federación Nacional de Productores de Fruta (Fedefruta) esto ha cambiado mucho con la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), un conjunto de actividades que posibilitan una certificación internacional exigida a los exportadores.
“Hoy, ante la escasez de mano de obra agrícola estamos en una campaña para reencantar al trabajador y que no migre a la ciudad”, explica, señalando como hito en este sentido la implementación de las BPA. “Sabemos que falta todavía, especialmente a los productores más pequeños, pero como Federación estamos agrupándolos y presentándolos a proyectos estatales que subsidian la certificación”. Asegura que están combatiendo el empleo informal (sin contrato), ya que es competencia desleal, “porque para una empresa que cumple es un gasto de un 53% más de lo que paga una que no cumple”.
Respecto al salario, considera que el trabajo a trato despegó los sueldos. “En los últimos 10 años, el salto es de 15 dólares por jornada a 45. Eso no hubiera sido posible sin esta forma de pago. El promedio del salario mínimo son 5.700 pesos diarios, pero en el sector ningún trabajador opera por menos de 10 mil”.
Según el empresario, un sueldo del temporero oscila hoy entre 8 mil pesos líquido, hasta 18 mil. “Eso no hubiese sido posible sin el contrato por faena determinada”.
ESTATUTO DEL TEMPORERO
Desde que el sector agroexportador despegó en los años ’80, varios han sido los intentos por aunar criterios entre el Gobierno, empresarios y trabajadores.
Uno de los últimos es el llamado Estatuto del Temporero. En enero pasado se entregó una propuesta al Ministerio del Trabajo, “pero contiene varios elementos riesgosos”, a juicio de Pamela Caro.
Uno de ellos es la propuesta de aumentar las horas extras, de 2 existentes hoy, a 4 más. Por otro lado, hoy los empleadores, al tener más de 20 mujeres trabajando, deben implementar una sala cuna, lo que pretende ser cambiado por un bono en dinero.
“Si eso se flexibiliza en este sector, no pasará mucho tiempo en que otros sectores exijan lo mismo”, afirma el secretario de la CUT.
“Queremos sindicatos autónomos al interior de las empresas, con la gente de planta y las temporeras; que puedan negociar colectivamente”, indica Muñoz.
Respecto a los salarios, los trabajadores han propuesto un tarifario que entregue un piso al valor de cada una de las labores que se realizan. La CUT ya ha elaborado uno con los trabajadores de la uva de mesa de la Tercera Región y se encuentra haciendo lo mismo en otras. Para Pamela Caro es un asunto fundamental que se estandarice y transparente el valor de la unidad de medida.
Esta petición para Fedefruta es imposible, “porque el tipo de fruta que llega a un packing es totalmente distinto al de otro. Si a uno le llega excelente fruta, va a embalar muchas cajas porque no hay descarte”. Walker considera que hoy “ese no es el tema”, sino cómo ante la escasez de mano de obra, impulsar la responsabilidad social empresarial, que “a la agricultura se ha demorado mucho en llegar”.
No obstante, aclara que respecto al contrato proponen uno indefinido con suspensión de faena y aclara que son muchos los puntos de coincidencia entre empresarios y trabajadores, “porque tenemos los mismos intereses”.
AGROTÓXICOS Y DAÑOS A LA SALUD
Tres casos son representativos de los peligros a los que se exponen las temporeras. Uno es el de Evelyn Orellana Mejías, hija de temporeros, nacida con malformaciones graves y que vivió hasta los 10 años. Otro es el de Cecilia Ortiz Loaisa, de 34 años, quien trabajó por más de 15 años en el fundo Villa María, y falleció por “shock septicémico” y “leucemia aguda”, menos de un mes después de una intoxicación con amoníaco. La tercera es Victoria Muñoz Araya, trabajadora del Maule, fallecida tras caer de una escalera mientras raleaba manzanos de Agrícola Aurora.
Ninguna empresa asumió responsabilidad en los hechos.
Además de los daños a la salud producto de la exigencia corporal del trabajo agrícola, de acuerdo al informe de
María Elena Rozas, de la
Alianza por una Mejor Calidad de Vida (
RAP-Chile), en nuestro país se utilizan 420 principios activos plaguicidas. Trece de ellos están clasificados en la categoría 1A y 14 en la 1B (los más peligrosos). Su uso ha aumentado en el tiempo, llegando en 2008 a 32.545 toneladas, causando entre 600 y 800 intoxicaciones al año e incluso encontrándose residuos en vegetales y alimentos para niños.
A pesar de la tendencia mundial a la erradicación de los plaguicidas más peligrosos, desde el 2002 el
Servicio Agrícola Ganadero (
SAG), entidad encargada de su registro y fiscalización, no ha prohibido ninguno.
De acuerdo a lo señalado por Ignacio Figueroa, jefe del Subdepartamento de Plaguicidas y Fertilizantes del SAG, todos son autorizados luego de exigentes evaluaciones toxicológicas, medioambientales, residuales, entre otras, y una vez que se verifica que estén dentro de la normativa vigente se autorizan, exigiendo un etiquetado que informe claramente los riesgos y su correcta aplicación.
Para el Presidente de Fedefruta se ha avanzado en la materia, “por las exigencias del mercado, donde los residuos de productos químicos deben ser cero”. “Promovemos la utilización de productos más duros antes de la floración y después de cosecha, lo que disminuiría el residuo final”. Asimismo, asegura que se respeta el tiempo de reingreso de los trabajadores a los predios luego de las fumigaciones.
La Región de O’Higgins concentra más de 35% de la fuerza de trabajo temporal nacional. Ricardo Jofré, director regional del Trabajo, explica que hay 109.880 trabajadores agrícolas, de acuerdo al trimestre noviembre-enero de 2011 y que las mujeres son casi la mitad de éstos.
En su calidad de fiscalizadores, aclara que las principales infracciones son no tener registro de asistencia (lo que no permite controlar jornadas laborales excesivas) y las malas condiciones higiénicas. No obstante, añade que, en general, en el tema de la informalidad los empleadores están cumpliendo, pero en la subcontratación hay niveles de incumplimiento alto.
Ante las críticas por la escasa fiscalización, asume que “siempre es poca. Puede pasar mucho tiempo sin que una empresa sea fiscalizada. Seguimientos a un empleador en la práctica no ocurre, no tenemos cantidad suficiente de funcionarios”, concluye.
Sandra Suárez, jefa del Subdepartamento de Salud Ocupacional de la Seremi (Secretaría Regional Ministerial) de Salud de la VI Región, expresa que en 2010 hubo 102 casos de intoxicaciones y el año anterior, 79, incluyendo laborales (manipulación, aplicación, reingreso), accidentales (contaminación a personas cerca de fumigaciones) y voluntarias (intentos de suicidio). En 2010 hubo 56 intoxicaciones directas por uso de plaguicidas y en cinco casos de 62, no se respetó el período de reingreso a los predios fumigados.
Suárez aclara que desde 2005 la notificación a la autoridad sanitaria en caso de intoxicaciones es obligatoria, y que los casos han ido en descenso. “Sabemos que podrían haber más casos no notificados, pero nosotros actuamos con las cifras que tenemos”, afirma.
Al respecto, Rozas, de RAP–Chile, asegura que no todos los casos son notificados. Basada en cálculos oficiales, estima que “por cada caso notificado hay cinco no notificados y hay regiones del país donde no se notifica”.
Alicia Muñoz de Anamuri comenta que hace cuatro años apoyan “a parlamentarios con un proyecto para eliminar los plaguicidas peligrosos. Se votó a favor en un momento, pero luego en la Comisión de Agricultura del Senado fue modificado y hoy está hecho a medida de los empresarios”.
El proceso de llevar una buena fruta a las mesas del primer mundo se sigue haciendo con el costo de condiciones laborales muy bajas. El dulce sabor de la fruta chilena, se logra a costa de la salud y la precarización laboral de su gente.
Por Cristóbal Cornejo G.
El Ciudadano Nº98, segunda quincena marzo 2011
FUENTE: http://www.elciudadano.cl/2011/05/17/trabajo-temporal-en-el-campo-las-formas-de-explotacion-tras-la-produccion-de-frutas/
